"Vamos a ofrecer al ciudadano afectado por las cláusulas suelo un servicio gratuito de orientación e información para que pueda reclamar al banco la eliminación de la cláusula y el dinero que se le debe devolver"

Publicado 2017-01-28


Olga García Sánchez, Concejala de Infraestructura y Vivienda por Somos Alcalá


Quijotes.- Empezamos hablando de los desahucios paralizados in extremis en este mes. Háganos una valoración y comente el papel de la Oficina de Intermediación de la Vivienda.

Olga García.- Durante el último año en el 2016 no ha habido ninguna noticia sobre algún desahucio en Alcalá de Henares. No es porque las entidades no hayan hecho nada por desahuciar a las personas, ha sido la Oficina de Intermediación de la Vivienda, que se creó en octubre de 2015 para evitar estos casos. Lo ocurrido a mediados de enero fue un cúmulo de infortunios . El caso llegó a la Oficina de intermediación el jueves anterior y teníamos documentación suficiente como para pensar que la comisión judicial iba a entender la situación de la familia, e iba a paralizarlo. Y ese mismo dia había 3 desahucios más que se paralizaron a través de la Oficina porque nos habían llegado con más tiempo. De hecho, hasta el del lunes que saltó a las noticias porque hubo enfrentamiento entre la policia y las familias, está paralizado.

 

Quijotes.- ¿La mediación con los bancos es sencilla, ellos lo entienden, son sensibles al problema?

Olga García.- Hay entidades de todo tipo. En principio te digo que me he encontrado un mayor ánimo por parte de los bancos en resolver estas situaciones. Y en general negociamos con ellos y tratamos de hacerlo de la forma más sencilla, y en caso de no llegar a un acuerdo con ellos, buscamos una solución habitacional para las familias.

 

Quijotes.- ¿ Cuál suele ser esa solución habitacional?

Olga García.- En el caso de los desahucios no existe un baremo porque cada caso es un mundo. Depende de tantísimas variables que no podemos hacer un baremo fijo. Depende de si tienen menores o no, si hay personas con diversidad funcional o no, si tienen trabajo o no, si cobran renta mínima. Es tal el abanico de posibilidades diferentes que tratamos cada caso de forma individual uno a uno. Hay casos en que hemos solicitado viviendas a la Agencia Social de Vivienda que antes era el antiguo Ivima, y nos las han proporcionado. Ha habido veces en que la propia entidad bancaria nos ha ofrecido un alquiler social de la vivienda en la que estaba la familia o en otra vivienda distinta. Hay posibilidades de todo tipo.

 

Quijotes.- ¿Qué datos barajais en la Concejalía sobre el número de posibles afectados por desahucios en Alcalá?

Olga García.- El borrador de la memoria se publicará en febrero, recoge los datos de 2016 y arroja datos muy dispares. Por ejemplo, por intermediación hipotecaria hemos atendido 807 casos, que son muchos. Y ha habido soluciones de diverso tipo: ha habido personas que han hecho una solicitud al fondo social de vivienda de esa entidad o de otra o por ejemplo, familias que se han dado de alta en el fondo social de vivienda de Bankia.

 

Quijotes.- En Alcalá ¿cuántas viviendas en posesión de los bancos se encuentran vacías?

Olga García.- La cifra más optimista que nosotros barajamos, datos facilitados por los servicios municipales, nos arroja una cifra de aproximadamente 500 viviendas vacías. De esas viviendas que están vacías, los bancos tienen una parte de vivienda social, y con las que se puede trabajar para dar soluciones a las familias en problemas, pero luego hay viviendas que no son sociales, y que los bancos quieren comercializar, algo que también es muy lícito.

 

Quijotes.- ¿Y el papel del Gobierno central?

Olga García.- Recientemente el Banco de España publicó el Informe de Desigualdad y Pobreza y deja bien claro cuál es la situación en que nos encontramos. El 25% de los hogares perdió el 108% de su riqueza. Estamos hablando de que las familias ganan menos dinero y cuentan con más deudas que activos. Es un informe del Banco de España demoledor, y aunque el Producto Interior Bruto pueda indicar que exista una mínima recuperación económica, a los bolsillos de los vecinos y vecinas desde luego no ha llegado esa mejora ni de lejos. Por tanto, queda clara la insensibilidad del Gobierno central para con los problemas del ciudadano.

 

Quijotes.- Desde la concejalía de vivienda, ¿cómo se está trabajando sobre el alquiler social especialmente enfocado a los jóvenes, que son uno de los segmentos que más está sufriendo ante la imposibilidad de adquirir una vivienda o alquilarla?

Olga García.- En relación a esto, nos hemos encontrado con varios casos curiosos. Nosotros tenemos un plan de alquiler de vivienda joven, y nos hemos encontrado diversas situaciones con las viviendas que estaban incluidas en ese plan de vivienda: algunas estaban con contratos que ya habían vencido hacía mucho tiempo, personas con edad avanzada viviendo en esas viviendas, y sobre todo lo más preocupante es que no existia un reglamento que hiciera de forma objetiva adjudicar esas viviendas. El reglamento está actualizado hace poco, hemos revisado todos los contratos para que realmente si son contratos de vivienda joven, sean personas jóvenes quienes vivan en ellas. Y lo tenemos todo a punto para sacar ahora a primeros de marzo la convocatoria de alquiler de vivienda joven.

 

Quijotes.- Hablemos de las cláusulas suelo y del servicio que se va a ofrecer a los afectados, un servicio de información y gestión gratuita.

Olga García.- Cuando nosotros leímos el borrador del Real Decreto para las medidas de protección a los consumidores para el tema de las clausulas suelo, aunque no era todo lo bueno que nos hubiera gustado, por lo menos nos pareció bastante interesante para los vecinos y vecinas. Cuando se publicó el Real Decreto se había anulado una de las cláusulas más importantes, que era la obligatoriedad del cálculo por parte de las entidades financieras del importe correspondiente a devolver al ciudadano. Esto le va a provocar a las personas una merma en sus derechos. Nosotros vamos a abrir un servicio gratuito en el que cualquier persona con su documentación puede ir y que nuestros asesores y abogados les digan exactamente cuál es el camino a seguir para hacer la reclamación. Es importante porque entendemos que es obligatorio que las personas tengan sus derechos y que no haya entidades que se los quiten de ninguna de las maneras. Estamos en contacto con la OMIC y con FACUA para llegar a un convenio general que unifique criterios y facilite a los ciudadanos la gestión a realizar.

 

Quijotes.- ¿Tenéis cifras estimativas de cuántos pueden estar afectados en Alcalá por esta ya famosa cláusula?

Olga García.- No tenemos cifras aún. A nivel nacional estamos hablando de muchos millones. Estamos hablando de que a la banca se le ha rescatado y ahora entendemos que con esta sentencia justa, cada vecino debe recibir íntegramente el dinero que el banco le ha cobrado de más. Y no nos vale que únicamente ofrezcan, por ejemplo, un producto financiero. Entendemos que va a ser un problema pero que tal y como está la situación económica y con los datos que ha sacado el Banco de España las personas necesitan una solución y vamos a luchar con todos nuestros medios para que sea rápida y para que todo el mundo reciba hasta el último euro que le corresponda.

 

Quijotes.- Hablemos brevente del Plan de Ordenación Urbana, según se comenta desde las distintas concejalías se está trabajando para que no haya más suelo residencial y así también evitar más viviendas vacias.

Olga García.- El Plan de Ordenación Urbana se viene trabajando desde hace tiempo. Hemos adjudicado el concurso de la empresa que va a a llevar la parte técnica junto con la participación ciudadana. Hemos querido que cualquier persona o entidad pudiera intervenir en qué modelo de ciudad queremos. Entendemos que más suelo residencial no tendría sentido porque tenemos mucho suelo residencial, mucha vivienda construida y mucha vivienda pendiente de construir. Hace falta saber muy bien cuál es el modelo de ciudad que queremos para un futuro. Como digo, se ha adjudicado el concurso y se pone en marcha el proceso de participación que va a durar 18 meses.

 

 

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